La noche del domingo dejó en El Seibo una escena de protesta y tensión luego de la muerte de Librand Alexander Tavares Montero, un joven de 22 años, tras un incidente en un retén policial en la carretera entre El Seibo y Las Cuchillas. La reacción se extendió a varios sectores del municipio, donde aparecieron barricadas, piedras, botellas rotas y neumáticos encendidos.
De acuerdo con el relato de los jóvenes que lo acompañaban, un agente le indicó que se detuviera para una fiscalización de rutina y, en los segundos siguientes, un uniformado lo habría golpeado con un casco protector. Ese hecho, que habría resultado fatal, comenzó a circular primero como rumor en la sala de emergencias del hospital Doctor Teófilo Hernández y después se propagó por teléfonos celulares y redes sociales, alimentando la indignación en barrios como La Jabilla, Cañada Francisca, Loma de Los Chivos, Ginandiana, El Retiro, Los Hoyitos y Villa Guerrero.
La respuesta oficial fue el despliegue de un amplio contingente policial y el uso de bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Sin embargo, lo que quedó en El Seibo no fue una imagen de prevención y resguardo institucional, sino la de una crisis que se expandió desde una intervención policial hasta un estallido de rabia colectiva, con humo, cenizas y calles bajo presión.
Ahora, mientras las autoridades han comenzado acciones tras lo ocurrido, el caso mantiene abierta la demanda de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y sobre el deterioro de la confianza ciudadana. En una provincia golpeada por la muerte de un joven y por la respuesta desesperada de sus barrios, la exigencia ya no se limita a contener la protesta, sino a explicar por qué una fiscalización terminó con un costo humano y social de esta magnitud.