La anunciada suspensión de servicios a afiliados de ARS Futuro en clínicas de Andeclip, prevista para entrar en vigor desde el martes 14 de julio, reavivó la alerta sobre la vulnerabilidad de los usuarios cuando estalla un conflicto entre actores del sistema de salud.
Frente a esa medida, ARS Futuro afirmó que garantizará los servicios de salud a nivel nacional mediante su red de prestadores y pidió “tranquilidad” a sus afiliados, empresas vinculadas, corredores de seguros y demás aliados. Aun así, el episodio vuelve a mostrar el contraste entre el discurso de cobertura y una realidad en la que una decisión de este alcance puede dejar a pacientes y familias en incertidumbre.
En un comunicado, la ARS sostuvo que no forma parte de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) y que, por ello, no ha sostenido conversaciones con Andeclip sobre este tema que pudieran desembocar en un acuerdo. “Nos sorprende lo establecido en la citada rueda de prensa donde sin mediar ningún tipo de comunicación ni de solicitud de acercamiento, se haya tomado una decisión de tal magnitud como es la suspensión de servicios a nuestros afiliados. Desconociendo nosotros las causas que la puedan estar motivando”, indicó.
La aseguradora agregó que sus tarifas con las clínicas se ubican entre 25 % y 30 % por encima del promedio que pagan las ARS, y que esos montos se pactan de manera individual y “consensuadas” con los centros privados. Con ese planteamiento, pidió formalmente abrir un diálogo con Andeclip para conocer las razones puntuales de la medida, que —según dijo— afecta a la empresa y a su imagen institucional.
“Confiamos en que, una vez evaluada nuestra situación, Andeclip proceda a revocar estar decisión y a excluir a Futuro ARS de una medida de la cual nunca debimos formar parte”, señaló la entidad. Más allá del intercambio entre instituciones, el caso vuelve a poner el foco en la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en un servicio esencial: cuando fallan la coordinación y las respuestas oportunas, el costo social recae primero sobre los afiliados.