La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un operativo policial en La Cañada de Guajimía, en Herrera, volvió a poner en el centro de la discusión a la Policía Nacional y al Estado dominicano. Lejos de cerrar la crisis con anuncios, el caso terminó convertido en una demanda masiva de castigo efectivo para los agentes que incurran en abusos. La reacción ciudadana, recogida por Acento, acentúa el contraste entre la promesa de reforma y el costo social que siguen dejando los operativos.
En una encuesta publicada por Acento.com.do, el 93.33 % respondió que sí cree que el Estado dominicano debe sancionar con cárcel efectiva a los policías que incurran en hechos como el ocurrido en Guajimía, frente a un 4.44 % que dijo no. En la red social X, el respaldo a esa medida fue de 94.7 %, mientras que el 5.3 % se opuso. Más que una consulta digital, los resultados retratan una demanda de rendición de cuentas ante un problema que la sociedad civil sigue observando con desconfianza.
En Instagram predominó la indignación. “Eso fue un asesinato”, escribió Angela Davis Gómez. “Ya esta PN no tiene arreglo. Nos rendimos”, comentó Viajando sin ni uno. Oterodito añadió: “Claro que sí. Si no ponen ejemplos van a seguir con los crímenes sin justificación. Solo porque tienen uniforme no les da derecho de ser animales. Ya no estamos en la era de Trujillo”. Otros usuarios reclamaron penas más severas para los responsables, con mensajes como: “30 años deben cantarle por criminal”.
Aunque también aparecieron voces que defendieron la labor policial y aludieron a la dificultad de los operativos, el dato dominante fue otro: el caso no se leyó como un hecho aislado, sino como una alerta institucional sobre el desgaste de una gestión que sigue sin convencer cuando se trata de control, supervisión y consecuencias. Que la discusión pública se concentre en cárcel efectiva para agentes acusados de abuso revela hasta qué punto la confianza en las respuestas oficiales permanece erosionada.
El caso de Guajimía ya había provocado cambios dentro de la Policía Nacional y una investigación del Ministerio Público, pero la reacción de los lectores y usuarios de redes sociales elevó la presión sobre las autoridades. El mensaje que dejan los resultados es político e institucional: frente a la violencia y la impunidad, la ciudadanía no está pidiendo más relato, sino vigilancia, sanción y explicaciones verificables.