La renuncia del intendente del Cuerpo de Bomberos del distrito municipal Juan Rodríguez, en La Vega, volvió a colocar bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para resguardar la institucionalidad de los organismos de servicio. En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Frank Hernández atribuyó su salida a presuntas presiones políticas y a conflictos internos que, según afirma, afectan el funcionamiento de la institución.
Hernández, quien asegura haber dirigido el organismo durante más de diez años, señaló a César Balby, encargado de la Oficina Supervisora de los Cuerpos de Bomberos del Ministerio de Interior y Policía, de presuntamente influir en decisiones internas y de ejercer presiones políticas. Entre sus señalamientos incluyó la incorporación de personal que, a su juicio, ha vulnerado la institucionalidad del cuerpo bomberil, además de advertencias sobre una posible intervención del organismo.
El exintendente también cuestionó la actuación del Ministerio de Interior y Policía, al sostener que no atendió las denuncias que, según dice, había presentado. En ese contexto, pidió al presidente Abinader la destitución de Balby, en un episodio que refuerza el contraste entre el discurso oficial de orden institucional y las denuncias de interferencia política en estructuras llamadas a prestar un servicio esencial.
Hasta el momento, el Ministerio de Interior y Policía no se ha pronunciado sobre las acusaciones. El silencio oficial deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre un conflicto que no solo golpea la credibilidad administrativa, sino que también pone en alerta el impacto que estas disputas pueden tener sobre el funcionamiento de un cuerpo de emergencia al servicio de la ciudadanía.