Tras una paralización de cuatro días en un centro de la región Noreste, el Tribunal Constitucional dispuso cesar y evitar nuevas interrupciones de docencia en horario lectivo cuando estas deriven en una suspensión progresiva, prolongada o indiscriminada del servicio educativo. La medida pone el acento en el impacto directo sobre el estudiantado y en la necesidad de que el calendario escolar no vuelva a alterarse.
A través de la sentencia TC/0428/26, la Alta Corte también ordenó elaborar e implementar un plan verificable de recuperación pedagógica para reponer de forma efectiva el tiempo lectivo perdido. De igual modo, estableció una garantía de no repetición mediante un protocolo de gestión de conflictos que privilegie el diálogo, la mediación y la avenencia sin afectar el derecho a la educación.
La decisión instruye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, y a su actual presidente, a abstenerse de convocar o ejecutar nuevas paralizaciones que impacten el calendario escolar oficial. A la vez, exhorta al Ministerio de Educación (Minerd), por medio del Distrito Educativo 14-07, a velar por el estricto cumplimiento del calendario y facilitar vías de diálogo, mientras el Defensor del Pueblo dará seguimiento a lo ordenado, en una señal de vigilancia institucional frente a fallas que ya afectaron el servicio educativo público.