La lectura del discurso de ingreso de José Adalberto Arias a la Academia de Ciencias de la República Dominicana volvió a poner bajo la lupa una situación que permanece abierta desde 1996: la declaración de las Dunas de Baní como área protegida y sus efectos. Durante ese acto académico, celebrado el martes 9 de junio de 2026, se presentó una pieza de política pública vinculada a la lucha medioambiental y al fortalecimiento de la infraestructura turística dominicana como marca-país.
De acuerdo con el texto, por disposición de las altas esferas gubernamentales se ha encaminado que sea la Procuraduría Especial de Medio Ambiente la que finiquite el caso. Arias planteó, como aporte a la política pública de protección ecológica, el cálculo de la compensación mediante la construcción de viviendas funcionales para quienes fueron “realmente” desalojados por la disposición ejecutiva. El trabajo, elaborado con instrumentos de Inteligencia Artificial y confirmado con dos firmas constructoras del mercado dominicano de viviendas sociales, deja ahora una base técnica sobre la mesa y traslada la atención hacia los responsables de ejecutar la decisión.
El propio artículo admite que “el pandero está ahora en los responsabilizados”, una formulación que recalca que la discusión ya no gira en torno a ideas, sino a rendición de cuentas. La referencia final a la expectativa de que el presidente Abinader esté atento a esta contribución de la Academia de Ciencias refuerza el contraste entre el discurso de protección ambiental y la necesidad de una respuesta institucional concreta sobre un expediente arrastrado por décadas.