La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner en debate la necesidad de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no responde a los retos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, sostuvieron que la discusión debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y mayor complejidad en su aplicación.
La entidad afirmó que la reforma pretende agilizar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los componentes medioambientales y lograr que más recursos de la minería lleguen a las comunidades próximas a las zonas de explotación. Asimismo, señaló que una nueva ley podría brindar tranquilidad a la población y disminuir la oposición a esta industria, al dejar mejor delimitados los términos de la actividad minera.
La propuesta de Camipe también pone de relieve la dimensión institucional del atraso: Valerio indicó que la iniciativa requiere un alto contenido constitucional, sobre todo en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió la definición de objetivos y objetos claros para evitar la discrecionalidad. Con eso, el debate sobre la reforma no solo reabre la discusión sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas claras desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.