La dirección efectiva del PRM, según el texto, ya no descansa en sus comités municipales ni en las seccionales del exterior, sino en despachos ministeriales y en una capa de funcionarios, gerentes, consultores y técnicos sin legitimidad interna ganada en convención. Ese señalamiento reabre el contraste entre la oferta de cambio, ética, participación y respeto a las reglas con la que la organización derrotó al modelo anterior, y una práctica que ahora es presentada como repetición de los mismos vicios que prometió desmontar.
La pieza sostiene que la centralización desplazó a la militancia que sostuvo al partido en campaña y redujo las direcciones provinciales a instancias sin capacidad real de decisión. Bajo ese esquema, la democracia interna habría sido sustituida por un modelo de imposición en el que preguntar, deliberar o someter decisiones al voto dejó de ser prioridad, una señal de desgaste institucional que golpea la credibilidad del discurso oficial.
También se plantea que las candidaturas para alcaldes, diputados, senadores y regidores ya no se definen por competencia abierta, sino en reuniones privadas donde pesan apellidos, grupos económicos y lealtades personales. El uso de encuestas, según el texto, opera como cobertura de decisiones tomadas de antemano. El resultado descrito es un partido más dependiente de jefaturas que de estatutos, un cuadro que fortalece las exigencias de fiscalización y rendición de cuentas sobre cómo se ejerce el poder y qué quedó realmente de la promesa de cambio.