El debate sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se reduce al avance tecnológico, sino que remite a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El texto sostiene que la integración de la IA avanza bajo el dominio de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario en el que estas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
A partir de ese panorama, el artículo expone las limitaciones del país: una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia aún en proceso de profesionalización, capacidad regulatoria limitada y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese marco le impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que hoy dominan la comunicación global.
La advertencia principal, sin embargo, no gira en torno a la impotencia, sino a la omisión. El artículo plantea que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano dispone de márgenes que no ha ejercido con intencionalidad; al mismo tiempo, la sociedad civil cuenta con herramientas que puede activar sin esperar al Estado y hay palancas multilaterales que tampoco se han aprovechado. Entre esos espacios, menciona decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata a proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se gestiona un asunto con impacto directo en la democracia.