La detención de Holger Insfrán, superintendente de Bancos de Paraguay, durante un allanamiento en su vivienda de Asunción, vuelve a colocar el caso Ueno Bank en el centro del debate sobre la rendición de cuentas institucional. El funcionario, en el cargo desde abril de 2024, quedó bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado mientras continúan las pesquisas sobre las operaciones financieras que antecedieron el colapso y la posterior disolución de la entidad.
Las fiscalías revisan préstamos otorgados sin garantías suficientes y presuntas infracciones a los límites fijados para créditos a empresas y personas vinculadas con el grupo controlador del banco. De acuerdo con los informes citados, ese panorama comprometía la sostenibilidad financiera de Ueno Bank y ponía en riesgo los ahorros de sus clientes, marcando un contraste entre la tarea de supervisión y el desenlace que terminó por estallar.
El episodio también fortalece el peso de la denuncia presentada por legisladores de la oposición, que habían solicitado incluir a Insfrán en las investigaciones. Después de que la solvencia de Ueno Bank cayera por debajo de la mitad del mínimo regulatorio, el caso derivó además en repercusiones políticas y reactivó los cuestionamientos sobre los mecanismos de control, en una señal de alerta institucional sobre cómo una crisis financiera puede escalar hasta el poder.