Amnistía Internacional pidió este lunes a los gobiernos de Haití y de El Salvador garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe, una intervención que ahora queda marcada por preguntas sobre supervisión, reglas operativas y mecanismos de denuncia para la población.
La organización sostuvo que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente Nayib Bukele deben asegurar que las operaciones respeten el derecho internacional de los derechos humanos. También advirtió que el compromiso oficial de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas, en momentos en que las bandas armadas siguen controlando la mayor parte de Puerto Príncipe, pese a la acción de la Policía Nacional Haitiana y de la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025.
El reclamo de Amnistía añade presión sobre una misión cuyos objetivos y controles han sido puestos en duda. La entidad exigió que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que ampara el despliegue y expliquen cómo supervisan a las fuerzas enviadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones. El contingente fue enviado el mes pasado por Bukele, bajo el argumento de ayudar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la GSF desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.