MADRID.– La intervención de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en la XXX Cumbre Iberoamericana reabrió en la sesión plenaria una advertencia de alto calibre institucional: el avance del narcotráfico como amenaza directa a la soberanía y al funcionamiento de los Estados. Ante jefes de Estado, de Gobierno y representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Fernández pidió fortalecer la cooperación y el intercambio de información, en un escenario que vuelve a colocar bajo fiscalización la capacidad real de los gobiernos para contener el crimen organizado.
La mandataria sostuvo que los grupos criminales “carcomen nuestras instituciones” y que ya han extendido su influencia en casi todas las naciones iberoamericanas y del mundo. Desde ese diagnóstico, defendió una “acción decidida” en Costa Rica, con medidas de mano dura, cárceles que impidan la comunicación entre mafias y un refuerzo de la seguridad nacional con uso de la fuerza. El planteamiento deja sobre la mesa un contraste cada vez más visible entre los discursos oficiales y la magnitud de una amenaza que, según lo expuesto en la cumbre, erosiona estructuras públicas y exige rendición de cuentas sostenida por parte de los gobiernos, incluido el dominicano, así como vigilancia activa de la sociedad civil.
Fernández también vinculó la respuesta al narcotráfico con la educación, al plantear que los jóvenes necesitan oportunidades que funcionen como “escudos protectores”. En el cierre de su mensaje, afirmó que los ciudadanos esperan “decisiones valientes”, una presión que convierte la cita iberoamericana en algo más que un foro diplomático: una señal de alerta sobre el desgaste de gestión que supone no traducir la cooperación internacional en resultados concretos frente al crimen organizado.