El papa León XIV iniciará su gira por Latinoamérica el 6 de noviembre en Uruguay y luego seguirá por Argentina y Perú, en un trayecto atravesado por modelos distintos de vínculo entre el Estado y la religión. La parada inicial en suelo uruguayo no solo marca una rareza regional: también vuelve a poner bajo la lupa el alcance de decisiones públicas que, desde hace más de un siglo, modificaron símbolos, festividades y funciones antes asociadas a la Iglesia.
Uruguay separó constitucionalmente la Iglesia y el Estado en 1918, con vigencia desde 1919, aunque el proceso había comenzado antes. En ese camino se municipalizaron los cementerios, se instauró la laicidad en la escuela pública, se creó el registro civil y se fijó el matrimonio civil obligatorio. Ese mismo año, una ley cambió el nombre de varias celebraciones: la Navidad pasó a Día de la Familia, el 6 de enero a Día de los Niños, el 8 de diciembre a Día de las Playas y la Semana Santa a Semana de Turismo. Para la historiadora Carolina Greising, “desde 1861, gradualmente se le fue quitando a la Iglesia Católica la gestión de un montón de actividades que tradicionalmente hacía y que en cierto punto le daban poder”.
La propia especialista subraya que León XIV “no llega al país más laico de Latinoamérica, llega al país que tiene el Estado más laico de Latinoamérica”, una precisión que desplaza la conversación desde la fe privada hacia el diseño institucional. Con un 36 % de la población que se define como católica y un 29 % que se considera agnóstica o atea, el caso uruguayo muestra cómo las decisiones del poder público pueden reorganizar la vida común más allá del plano simbólico. En una región donde la sociedad civil suele reclamar vigilancia sobre las prioridades del Estado, la primera escala del viaje deja abierta una pregunta de fondo sobre el uso institucional de la religión y sus límites en la esfera pública.