La intervención en una fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra dejó al descubierto fallas de fiscalización sobre una operación que funcionaba sin permisos y con combustible almacenado fuera de la ley. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el establecimiento, identificado como “Fábrica Cartesa”, no tenía el Certificado de Uso de Suelo ni autorizaciones para sus actividades comerciales, y además había empleado personal extranjero de forma irregular.
En la inspección técnica, integrantes del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) desmantelaron un almacén de combustibles que operaba de manera clandestina y sin ajustarse a las regulaciones previstas en la Ley No. 112-00 de Hidrocarburos. Allí se decomisó un tanque con capacidad de 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor estimado en RD$2,250,000.
La Dirección General de Migración (DGM) respaldó el operativo y verificó el estatus de los extranjeros de origen asiático, mientras el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) paralizó la obra por incumplir la Ley 687-82 sobre Reglamentos Técnicos para la Preparación y Ejecución de Proyectos. Aunque el MICM reiteró, por voz de Eduardo Sanz Lovatón, que el país está abierto a la inversión extranjera dentro del marco legal, el caso terminó evidenciando una actividad que avanzó sin controles básicos hasta derivar en una clausura oficial.