La decisión del juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González Castillo, de variar la calificación jurídica del caso Jet Set de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual volvió a colocar el foco sobre la necesidad de vigilancia pública en un proceso marcado por la presión de las víctimas. Con el cambio, el expediente pasa a un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional y los acusados, Maribel y Antonio Espaillat, podrían enfrentar penas de 3 a 20 años de prisión, según explicó el magistrado.
El Movimiento Justicia Jet Set celebró la medida y sostuvo en un comunicado que “hoy se escribe una página histórica en la lucha por la justicia para las víctimas de Jet Set”. La organización atribuyó la decisión a la perseverancia de las familias y al trabajo de sus representantes legales, al tiempo que recordó que el proceso sigue abierto y que todavía corresponde al tribunal valorar las pruebas y determinar responsabilidades.
La nueva etapa del caso también expone el contraste entre la demanda de justicia de los afectados y las resistencias previas dentro del mismo proceso: la solicitud de cambio de tipificación hecha por los abogados de los querellantes había sido rechazada por el juez Raymundo Mejía en el juicio preliminar y mantenida por el Ministerio Público. Tras la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, en la que murieron 236 personas, el giro judicial refuerza la alerta sobre la obligación de dar respuestas verificables a las familias y evitar que el caso se reduzca a una disputa procesal sin consecuencias.