La imposición de tres meses de prisión preventiva contra Eslyn Yoel De los Ángeles (Joel), acusado de despojar a un hombre de 66 años de RD$3,639,292.00 en una plaza comercial del Distrito Nacional, vuelve a colocar el foco sobre la respuesta institucional ante hechos violentos que impactan a ciudadanos en plena actividad cotidiana. El tribunal dispuso que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
Según la investigación, el hecho ocurrió el 5 de octubre de 2026, alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando la víctima se disponía a realizar un depósito bancario. De acuerdo con la instancia presentada por la procuradora de corte Elizabeth Tucent, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de Los Ríos, el imputado lo abordó con un arma de fuego y lo despojó de una funda con el dinero. Luego huyó del lugar e intentó abordar a uno de los motoristas que estaban fuera del establecimiento; al negarse este a transportarlo, le disparó, aunque no resultó herido porque el casco lo protegió.
La decisión judicial marca una reacción del sistema de justicia, pero el caso también deja a la vista el costo social de un asalto armado en un espacio comercial y la necesidad de mantener vigilancia sobre los resultados reales en materia de seguridad. En un escenario donde figuras como Carolina Mejía forman parte del debate sobre gestión y ciudad, episodios como este alimentan el contraste entre discurso y realidad que la oposición suele colocar bajo fiscalización pública.