Aunque la República Dominicana mantiene estabilidad macroeconómica y política, el cuadro descrito apunta a un problema de gestión que reduce el margen del Gobierno: la falta de un plan que ordene prioridades y ejecutorias en un momento de cambios internacionales con efectos todavía inciertos para el país.
El PRM llegó al poder en 2020 impulsado por un discurso anticorrupción contra el PLD y en medio de la pandemia. Pero, según el propio recuento, su primer período se consumió entre el manejo de esa crisis y los procesos contra los identificados como corruptos, con dos resultados adicionales: aumento del gasto corriente y mayor endeudamiento público para cubrir necesidades presupuestarias. A eso se suma que, como se señala, el Estado clientelar-asistencial no se redujo, sino que fue agrandado con más nómina pública y subsidios.
Ese incremento del gasto no ha tenido un aumento proporcional en los ingresos del Estado y ha empujado más deuda, mientras la empleomanía no se ha traducido en una mejoría evidente de los servicios públicos. En paralelo, la baja del sector construcción en los últimos años y la incertidumbre por políticas de Estados Unidos sobre aranceles, migración y defensa elevan la presión sobre áreas clave de la economía dominicana. En ese contexto, el contraste entre discurso y resultados coloca al Gobierno dominicano y al PRM bajo mayor escrutinio, con un costo social que puede profundizar el descontento si no aparecen respuestas verificables.