La eliminación de los aranceles a las importaciones de arroz desde Estados Unidos reactivó la presión sobre la gestión del presidente Luis Abinader y del Gobierno dominicano. Frente a esa medida, el PLD propuso convocar una mesa nacional de negociación con productores, industriales del cereal y autoridades competentes para evaluar los efectos y pactar una respuesta inmediata, en una crítica directa a la falta de previsión y de resultados oficiales ante la apertura comercial.
El partido opositor planteó que la discusión no debe girar en torno a por qué Estados Unidos reclama el cumplimiento del DR-Cafta, sino en qué hará Abinader para corregir una situación que, según dijo, su propia política contribuyó a crear. Además, pidió una revisión pública de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, con detalle de los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector, poniendo el énfasis en las explicaciones pendientes sobre gestión, gasto y resultados.
La organización también solicitó aclarar las razones de la emisión del Decreto 693-24 y su posterior derogación, así como los informes jurídicos que sustentaron ambas decisiones, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan). Como salida, planteó negociaciones formales, mecanismos de cooperación, transición y apoyo compatibles con el DR-Cafta, además de un programa extraordinario de modernización del sector arrocero con financiamiento definido y metas verificables, en medio de una advertencia sobre el costo social que podría dejar una política sin respuestas claras para los productores.