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Caso Jet Set entra a una decisión clave bajo presión de rendición de cuentas por 236 muertes

octubre 11, 2026 · Redactor
Caso Jet Set entra a una decisión clave bajo presión de rendición de cuentas por 236 muertes
Foto: listindiario.com

El juez Franny González deberá resolver si mantiene la calificación de homicidio involuntario o admite una recalificación que elevaría la posible condena, en un proceso que vuelve a poner a prueba la respuesta institucional ante una tragedia de alto impacto.

La justicia dominicana retomará el próximo viernes el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de la discoteca Jet Set, una tragedia en la que murieron 236 personas. El punto crítico ahora es si el caso seguirá bajo la calificación de homicidio involuntario fijada por el Ministerio Público o si se acoge el pedido de una parte querellante para variarla a homicidio voluntario con dolo eventual, una decisión que incide directamente en el alcance de una eventual condena.

La discusión reabre un foco de fiscalización sobre la capacidad del sistema para responder con proporcionalidad a un caso de esta magnitud. En la fase preliminar, el magistrado Raymundo Mejía rechazó esa recalificación al sostener la inexistencia de dolo eventual en el derrumbe y al señalar que una de las imputadas, Maribel Espaillat, estaba dentro del centro al momento del colapso y resultó afectada. “No hay dolo eventual en un derrumbe donde una de las imputadas estuvo dentro del centro y no se puede equiparar a la conducta de alguien que dispara en un lugar”, expresó entonces.

Ahora, a poco más de un mes de iniciado el juicio de fondo, varios abogados de las víctimas han vuelto a pedir la variación ante el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González. Los querellantes sostienen su solicitud en declaraciones del testigo Gregory Adames, en pruebas sometidas al proceso y en la magnitud del caso, con el objetivo de ampliar la posible condena de los imputados de 2 años hasta un máximo de 30. La nueva revisión coloca otra vez el expediente bajo alerta institucional y refuerza la exigencia de explicaciones y control público sobre cómo se procesa una de las tragedias más graves llevadas a los tribunales.