La acusación presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos contra tres ciudadanos dominicanos por su presunta participación en una operación de tráfico ilegal de migrantes vuelve a colocar el foco sobre un problema que deja víctimas y evidencia la necesidad de mayor vigilancia sobre estas estructuras. El caso está ligado al naufragio ocurrido cerca de la isla de Mona, en Puerto Rico, donde murieron tres personas y al menos otras doce permanecen desaparecidas.
De acuerdo con la información oficial, la embarcación transportaba a 64 migrantes cuando volcó el 28 de septiembre, luego de una pelea a bordo en la que varias personas resultaron heridas con un machete y que llevó a ocupantes a lanzarse al agua. Los acusados fueron identificados como Máximo Alexander Castillo Cabrera, Víctor Alfonso Montilla Espíritu Santo y Danny De La Rosa Mercedes. Los dos primeros enfrentan cargos por conspirar para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro, mientras que el tercero está acusado de cometer e intentar cometer actos de violencia contra varias personas. Los tres también enfrentan un cargo por entrada ilegal a Estados Unidos en calidad de extranjeros.
Según la Fiscalía Federal, De La Rosa Mercedes habría agredido con un machete a varias personas durante la travesía, comprometiendo la seguridad de la embarcación. Las autoridades estadounidenses advirtieron que, si son hallados culpables de los cargos vinculados a muertes durante el tráfico ilegal de personas y a actos de violencia contra la navegación marítima que ocasionen fallecimientos, podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Tras el naufragio, la Guardia Costera, junto a agencias federales y locales, rescató a 49 migrantes y recuperó los cuerpos de tres hombres dominicanos, mientras la búsqueda fue suspendida sin localizar a al menos otros doce desaparecidos, un desenlace que refuerza la presión por rendición de cuentas y seguimiento institucional sobre estas rutas clandestinas.