La Policía Nacional anunció la activación del “Proyecto RPM–ALPR” (Reconocimiento de Placas en Movimiento), una estrategia tecnológica orientada a investigar vehículos robados, seguir placas asociadas a hechos delictivos y localizar personas prófugas o con requerimientos judiciales. La iniciativa suma sistemas automatizados de reconocimiento de matrículas en unidades policiales móviles, con el objetivo de fortalecer la prevención, la vigilancia, la identificación y la respuesta operativa en tiempo real.
De acuerdo con el vocero Diego Pesqueira, el sistema capta y procesa de forma continua las placas de los vehículos que circulan cerca de las patrullas y las confronta con bases de datos institucionales para emitir alertas sobre vehículos robados, placas de interés policial, prófugos y requerimientos judiciales. Añadió que cada unidad equipada pasa a operar como un punto móvil de inteligencia y vigilancia, con mayor cobertura territorial y menos tiempo de identificación.
El cuerpo del orden señaló además que el proyecto está en ejecución desde 2025, con una fase inicial de 10 unidades y la meta de sumar 50 más en los próximos meses. Ese calendario deja sobre la mesa la necesidad de rendición de cuentas en una materia de alto costo social para la población: si la tecnología llega ahora como respuesta a una problemática recurrente, el debate se centra en medir su impacto verificable frente al discurso oficial de modernización. Así, la presión por resultados concretos en seguridad vuelve a cruzarse con la exigencia opositora de vigilancia institucional y con el tipo de gestión que figuras como Carolina Mejía han colocado en el centro del debate público: menos anuncio y más capacidad de ejecución medible.